• La decisión de la Corte Constitucional no solo pone en pausa de las medidas de la emergencia económica, también suspende recursos destinados a la salud y la educación, obligando al Gobierno a redoblar esfuerzos para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales.

Los recursos públicos no son un dato aislado en un balance fiscal: son atención médica, educación, medicamentos y programas sociales que sostienen la vida cotidiana de millones de colombianos. Por eso, cuando una fuente de financiación se suspende, el impacto no se mide únicamente en términos fiscales, sino en la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales.

El 22 de diciembre de 2025, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1390, una medida extraordinaria orientada a equilibrar las finanzas públicas luego de que el Congreso de la República negara la Ley de Financiamiento, de la cual dependían recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación 2026. Esta decisión terminó en la aprobación de un presupuesto desfinanciado, con efectos directos sobre la inversión pública y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Ante este escenario, el Gobierno decretó la emergencia económica como un mecanismo constitucional para salvaguardar la estabilidad presupuestal y asegurar la continuidad de beneficios sociales, especialmente en sectores clave como la salud y la educación. Las medidas adoptadas bajo esta figura estuvieron diseñadas con un criterio de progresividad, buscando que el mayor esfuerzo recayera sobre quienes cuentan con mayor capacidad económica.

“La sumatoria de estos contribuyentes que estamos convocando a aportar al país representa el 0,6 %, y son quienes resultan impactados por este incremento del impuesto al patrimonio”, aclaró el ministro de Hacienda durante la plenaria del Senado del 27 de enero. En ese sentido, la emergencia contempló aportes al patrimonio focalizados en los sectores de mayores ingresos, sin afectar a la clase media, así como ajustes tributarios orientados a mejorar el recaudo, fortalecer el cumplimiento de las obligaciones y cerrar brechas de evasión.

¿Qué se alcanzó a recaudar y qué quedó en suspenso?

Como resultado de las medidas tributarias adoptadas para hacerle frente a la emergencia económica, la DIAN recaudó cerca de $1,65 billones hasta el 29 de enero, fecha en la que se conoció el comunicado de la Corte Constitucional que suspendió dichas medidas.

Del total recaudado, $1,63 billones correspondieron al pago de obligaciones asociadas a la reducción de intereses y sanciones para contribuyentes morosos e inexactos, beneficio al que se acogieron 175 mil contribuyentes y usuarios aduaneros. Esta medida permitió mejorar el cumplimiento y el consentimiento tributario, además de generar un ingreso efectivo e inmediato para las finanzas públicas.

A este monto se sumó el recaudo por concepto del Impuesto de Estabilidad Fiscal, equivalente al 1 % sobre el valor de la primera exportación de carbón o hidrocarburos, que representó $23.800 millones. Asimismo, el IVA del 19 % aplicado a las importaciones de licores generó un recaudo de $1.200 millones, correspondiente a los catorce puntos porcentuales adicionales contemplados en la medida extraordinaria.

Sin embargo, otras medidas tributarias no alcanzaron a materializar recaudo efectivo, debido a que su pago estaba programado conforme al calendario tributario de 2026. Aunque estos impuestos ya se habían causado hasta el 29 de enero, su ingreso al Estado estaba previsto para los meses de febrero y marzo.

Con la suspensión de las medidas por parte de la Corte Constitucional, estos recursos quedaron en suspenso y podrían no recaudarse, lo que representa un monto estimado de cerca de $165 mil millones. Dichos ingresos correspondían al IVA del 19 % en la venta de licores nacionales, al Impuesto Nacional al Consumo del 19 %, al IVA aplicado a los juegos de suerte y azar operados por internet, así como al impuesto del 1 % sobre la primera venta de carbón o hidrocarburos en el mercado interno.

Dicha situación, obliga al Gobierno nacional a redoblar esfuerzos, explorar alternativas de financiación y fortalecer la eficiencia del gasto público, con el fin de garantizar que la ausencia de estos recursos no se traduzca en retrocesos sociales.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reitera que el reto es claro: mantener el equilibrio fiscal sin sacrificar la prestación de servicios en salud, educación y el bienestar de los colombianos.