• El 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, una fecha para reconstruir memoria y exaltar el trabajo por la reparación integral de las víctimas.

• El Gobierno del Cambio ha logrado los mayores avances en restitución de derechos, creación de espacios simbólicos de memoria y aumento del presupuesto para reparaciones desde la entrada en vigencia de la Ley de Victimas.

Cada 9 de abril, Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. En este día no solo se honra la memoria de millones de personas afectadas por la violencia, sino que también se reconoce esta fecha como un momento para recordar la responsabilidad del Estado como perpetrador de crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero también en la construcción de paz, memoria y reparación.

La fecha tiene un gran significado histórico al conmemorar el magnicidio del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, hecho que desencadenó en 'El Bogotazo' y marcó el inicio de un nuevo periodo de violencia política bipartidista que, décadas después, evolucionaría a un conflicto armado interno multipolar.

Recordar implica tomar posición frente a lo ocurrido, reconocer responsabilidades y exigir transformaciones que garanticen la no repetición. Por eso, en reconocimiento a todas las víctimas de la violencia, incluyendo las de crímenes de Estado, la Ley 1448 de 2011 estableció esta fecha como día nacional para dignificar a las víctimas, promover la memoria y avanzar en la reparación de los daños y de los crímenes perpetrados en el marco del conflicto armado interno.

De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del CNMH, desde el inicio del conflicto armado, ha habido más de nueve millones de víctimas, una cifra que representa un gran reto institucional para cerrar brechas históricas.

Pero... ¿qué ha hecho el Gobierno del Cambio al respecto?

En diciembre de 2025, el Departamento Nacional de Planeación aprobó el CONPES “Soluciones Duraderas para Víctimas de Desplazamiento Forzado en Colombia”, una política pública integral que traza la hoja de ruta hasta 2035. Esta estrategia busca superar barreras institucionales, socioeconómicas, culturales y garantizar soluciones sostenibles para millones de víctimas en el país.

Asimismo, el Gobierno nacional ha reportado avances significativos en materia de reparación:

• Más de 10 millones de víctimas reparadas (corte a junio de 2025).

• $6,7 billones de pesos destinados a indemnizaciones administrativas, sentencias de Justicia y Paz y procesos de reparación colectiva. Esto ha beneficiado a cerca de 673.004 víctimas del conflicto armado, superando las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

El actual gobierno es el que más ha avanzado en reparación integral en la historia del país. No obstante, uno de los avances más significativos ha sido el reporte de enfoque diferencial.
Para víctimas con pertenencia étnica, se han entregado 316.076 indemnizaciones, equivalentes al 64 % del total histórico.

Y para víctimas de violencia sexual, se han asignado 11.124 indemnizaciones, lo que representa el 52 % del total en este tipo de casos.

Estas cifras reflejan un esfuerzo por atender a poblaciones históricamente invisibilizadas dentro del conflicto.
En el marco de la justicia transicional:

•Se han ordenado 41.653 pagos de indemnización judicial, beneficiando a 20.298 víctimas, por más de $787.000 millones. Los recursos han sido destinados principalmente a regiones como Magdalena, Santander, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico.

El gobierno también ha reforzado el sistema de justicia transicional, con $550.000 millones asignados en el presupuesto 2026 para la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).
En 2025, además, se giraron $20.000 millones para implementar sentencias restaurativas. Y en agosto de 2024 se promulgó la Ley 2421, que fortalece la reparación integral y la asistencia estatal.

El 9 de abril no es solo una fecha con valor simbólico, es un recordatorio de que las víctimas están en el centro de la historia y son eje de la política pública del actual Gobierno. Si bien estas cifras muestran avances importantes, lograr justicia para todas las víctimas y alcanzar una paz posible en Colombia sigue siendo un desafío social, político e institucional vigente.