En medio de la discusión pública sobre las inversiones obligatorias en el sector agropecuario, conviene separar los datos de la narrativa. Desde hace 36 años, Colombia cuenta con un sistema de financiamiento diferenciado para el campo, respaldado por los artículos 65 y 66 de la Constitución, que reconocen la producción de alimentos como actividad de especial protección del Estado.
Las llamadas “inversiones forzosas” no son una expropiación de los ahorros de los colombianos. Jurídica y técnicamente, se trata de una obligación que tienen los establecimientos de crédito de invertir un porcentaje de sus pasivos en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), creados por la Ley 16 de 1990. Estos recursos no salen de las cuentas de ahorro de los ciudadanos, sino que impactan el balance de las entidades financieras, como parte de un diseño regulatorio que corrige fallas de mercado en un sector con riesgos climáticos, biológicos y de precios que históricamente han desincentivado el crédito privado tradicional.
El mecanismo funciona así: el Banco de la República define la fórmula que determina el monto de los TDA que deben adquirir los bancos. Esos recursos llegan a Finagro, banca de desarrollo del sector agropecuario, que los canaliza como crédito de fomento con tasas y plazos acordes al ciclo productivo rural. Es decir, no es un subsidio indiscriminado, sino un instrumento de política pública para asegurar fondeo estable y condiciones financieras que el mercado, por sí solo, no ofrece.
Su impacto no es marginal. La existencia de este engranaje permite sostener el 28,6% del PIB agropecuario. En las últimas dos décadas, el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario ha impactado a 2,3 millones de pequeños productores. Entre 2022 y 2026, más de 400.000 productores accedieron por primera vez al crédito de fomento y se han expedido más de un millón de garantías a través del Fondo Agropecuario de Garantías, con el Estado actuando como fiador para facilitar su inclusión financiera.
Afirmar que las inversiones forzosas “se llevan la plata de los ahorradores” es tan impreciso como cuando, en el debate del plebiscito, se instaló la idea de que los desmovilizados se quedarían con las pensiones de los adultos mayores. Es una simplificación diseñada para generar indignación, no para explicar el instrumento. Manipular el lenguaje es una estrategia conocida en campañas de opinión: se apela al miedo para redireccionar el debate.
En la mayoría de los países, el apoyo al sector agropecuario se financia con recursos del erario. Colombia optó hace décadas por un modelo mixto que combina regulación financiera y banca de desarrollo. Desmontarlo o deslegitimarlo exige una discusión técnica seria, no consignas virales.
El debate sobre el crédito rural es legítimo y necesario. Pero si se quiere hablar de competitividad, seguridad alimentaria y reducción de brechas, la conversación debe partir de los hechos: las inversiones obligatorias no son un despojo de ahorros, sino un instrumento constitucional de política pública para garantizar que el campo tenga acceso real a financiamiento.
