El Ministerio de Hacienda declaró una nueva emergencia económica por $8 billones de pesos para atender los graves impactos ocasionados por la temporada de lluvias, particularmente, en el departamento de Córdoba, por las inundaciones que han afectado a comunidades, infraestructura y servicios esenciales.

Esta medida tendrá en cuenta un criterio progresivo en patrimonios de $10 mil millones y $30 mil millones con porcentajes tributarios de 0.6 y 1.2 %. Con esto se pretende atender los dramáticos efectos sociales de la ola invernal.

La decisión se adopta en un contexto fiscal complejo, luego de que el Congreso de la República hundiera la Ley de Financiamiento sin permitir un debate de fondo, lo que incrementó la presión fiscal y limitó la capacidad del Gobierno para tomar decisiones oportunas frente a una coyuntura económica.

A esto se suma la acumulación de dificultades no resueltas del ejercicio anterior, derivadas de crisis climáticas, sobrecostos en el sistema de salud, mayores demandas en seguridad y un desequilibrio fiscal que se venía profundizando.

Ante la no aprobación de la ley y el deterioro progresivo de las finanzas públicas, el Gobierno buscó alternativas para garantizar la estabilidad económica. Sin embargo, estas acciones enfrentaron un nuevo obstáculo cuando la Corte Constitucional suspendió de manera provisional las medidas ya adoptadas, una decisión que bloqueó herramientas necesarias para dar una atención inmediata a la crisis.

Las medidas tributarias suspendidas estaban orientadas a generar ingresos de forma progresiva, mediante aportes de los grandes patrimonios, el sector financiero, ajustes a impuestos saludables entre otras medidas.

Frente a hechos imprevisibles, como las inundaciones provocadas por el actual frente frío, el Gobierno considera nuevamente indispensable la declaratoria de emergencia económica para movilizar los recursos necesarios y atender a la población afectada.