- Una hoja de ruta a 2036 para cerrar brechas históricas en el campo mediante redistribución de tierras, acceso a activos productivos y fortalecimiento de la justicia agraria.
El Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el documento CONPES 4184, que traza la hoja de ruta de la nueva Política de Reforma Agraria en Colombia. El propósito es claro: reducir la desigualdad agraria estructural a 2036 mediante la redistribución de tierras y aguas, el acceso a activos productivos y el fortalecimiento de la justicia y la institucionalidad rural.
Un problema estructural, no coyuntural
El diagnóstico parte de una premisa central: la desigualdad en el campo no es resultado exclusivo del mercado, sino de un sistema que históricamente ha concentrado tierra, recursos y poder.
El documento identifica seis expresiones de esa desigualdad:
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Alta concentración de la propiedad y del control sobre la tierra y el agua.
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Acceso inequitativo a activos productivos como riego, crédito, asistencia técnica e infraestructura.
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Fragmentación y baja capacidad redistributiva de la institucionalidad agraria.
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Déficit de acceso efectivo a la justicia rural.
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Exclusión política y económica de campesinos, pueblos indígenas y comunidades negras.
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Mayor exposición de pequeños productores a riesgos climáticos.
Estas brechas, señala el CONPES, explican el rezago productivo, la persistencia de la pobreza rural y las profundas desigualdades territoriales.
De la política sectorial a la política redistributiva
Aunque Colombia ya había intentado redistribuir la tierra con normas como la Ley 160 de 1994 y con la Reforma Rural Integral incluida en el Acuerdo de Paz, el documento señala que sus resultados fueron limitados. Esto se debió, en parte, a que las entidades encargadas trabajaron de manera desarticulada y a que se dio mayor peso a los mecanismos de mercado que a una intervención más directa del Estado.
El nuevo enfoque plantea una reforma agraria entendida como política redistributiva de Estado. Esto significa que se requiere una acción intencional del Estado para cambiar cómo se reparten los activos, los recursos y las oportunidades en el campo, y no limitarse únicamente a entregar tierras.
Además, amplía el foco: no solo se trata de tierra, sino también de acceso al agua, justicia agraria, activos productivos y reconocimiento político de los sujetos rurales.
Seis ejes para transformar la ruralidad
La política se estructura en seis ejes estratégicos:
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Redistribución de tierras, aguas y bienes naturales.
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Acceso equitativo a activos productivos rurales.
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Fortalecimiento de la institucionalidad agraria.
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Implementación de una justicia agraria especializada.
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Reconocimiento e inclusión de los sujetos populares del campo.
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Transición hacia modelos productivos sostenibles y resilientes al cambio climático.
El objetivo es que la reforma agraria no sea un programa aislado, sino una estrategia integral de transformación territorial que combine producción, sostenibilidad ambiental, participación democrática y construcción de paz.
Recursos y horizonte de implementación
La política contempla una inversión indicativa de 18,6 billones de pesos y un horizonte de once años (2026–2036). Incluye 145 acciones a cargo de 26 entidades del orden nacional, con un sistema de seguimiento e indicadores de resultado.
El énfasis está en articular acceso a tierra con apoyo productivo, justicia especializada y fortalecimiento institucional, buscando romper el ciclo en el que la adjudicación de predios no se traduce en productividad ni en mejoras sostenibles de ingreso.
Una reforma para el cuidado de la vida
El documento sitúa en el centro a los llamados “sujetos populares del campo”: campesinado, pueblos indígenas, comunidades negras, mujeres y juventudes rurales. El reconocimiento constitucional reciente de estos actores refuerza la obligación estatal de garantizar acceso efectivo a derechos y oportunidades.
Más que una política sectorial, el Documento CONPES 4184 plantea una transición estructural del modelo agrario colombiano. El desafío será convertir la hoja de ruta en resultados medibles en reducción de concentración, mayor productividad rural y disminución de la pobreza, en un horizonte de largo plazo que trascienda los ciclos de gobierno.
