• La directora del ICBF, Astrid Cáceres solicitó un aumento presupuestal para garantía de los derechos y protección a la infancia y sus familias
• La situación presupuestal del ICBF enseña una ejecución rigurosa del 99.7%. Y una asignación transparente. Su requerimiento es legítimo y necesario.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, sostuvo en el auditorio Antonio García Nossa una reunión de trabajo con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, y la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina. En el encuentro participaron también los equipos técnicos de las entidades para conocer en detalle la situación presupuestal del ICBF y explorar alternativas de gestión.

El ICBF, entidad encargada de la protección integral de niños, niñas y adolescentes y del fortalecimiento de las familias en todo el país, opera con 33 sedes regionales y 216 centros zonales, donde desarrolla programas de primera infancia, nutrición, atención a la adolescencia, protección frente a la vulneración de derechos, adopciones, apoyo psicosocial y conformación de redes de apoyo, incluyendo intervención en regiones apartadas.

Entre los logros más destacados de la entidad, figura la formalización laboral de más de 2.300 madres comunitarias, resultado del Decreto 0586 de 2025 que creó una planta temporal y eliminó la tercerización contractual. Esta medida, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, impulsa un avance gradual hacia la vinculación directa de todas las madres comunitarias, garantizando prestaciones sociales y condiciones laborales dignas, justas y seguras.

En 2025, el ICBF alcanzó una ejecución presupuestal de 99,73%, la más alta desde 2012. Además, se registró un aumento significativo de la inversión en la infancia de La Guajira, con 654.000 millones de pesos destinados para fortalecer la atención a la niñez, familias y comunidades Wayú, duplicando la inversión registrada en 2022 (319.860 millones de pesos). Para la región del Catatumbo se asignaron 215.000 millones de pesos para la ampliación de programas de primera infancia, habilitando 2.400 nuevos cupos y entregando 820 kits pedagógicos.

La directora del ICBF explicó la insuficiencia del rubro asignado en el Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en $10.687 millones de pesos frente a un balance de gasto requerido de $12.274 millones, con un déficit de 1.587 millones de pesos. La ejecución presupuestal del ICBF comprende gastos de funcionamiento e inversión, que incluye recursos para primera infancia, nutrición, infancia y adolescencia, familias, comunidades y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, entre otros. Durante el encuentro se destacó la necesidad de fortalecer la recaudación del Fondo contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), que entre 2021 y 2025 dejó de recibir $203.981 millones de pesos, recursos considerados vitales para la prevención y erradicación de esta forma de violencia.

Durante la reunión se recordó el marco penal vigente: el artículo 23 de la Ley 679 de 2001 sanciona el turismo sexual infantil, con penas de prisión de 4 a 8 años, incrementadas cuando la víctima es menor de 12 años, y el deber del Estado de prevenir, combatir y sancionar la explotación, pornografía y turismo sexual con menores.

El ministro Ávila Plazas manifestó su disposición para acompañar al ICBF en la protección de los derechos de la infancia, sus familias y comunidades, y se acordó la instalación de una mesa de trabajo tripartita entre el Ministerio de Hacienda, el ICBF y el DNP para avanzar en el reconocimiento de necesidades y en la identificación de posibilidades de gestión presupuestal y alianzas estratégicas.