Comprar una Vivienda de Interés Social (VIS) o Prioritario (VIP) implica, para miles de familias, un esfuerzo que se planifica peso a peso. Por eso, cuando el precio de una vivienda cambia sin que el comprador lo espere, el impacto puede ser enorme. Ese es el problema que busca enfrentar el proyecto de decreto anunciado p or el Gobierno nacional para evitar aumentos injustificados en el valor de este tipo de viviendas.

El comunicado explica que algunas constructoras venían fijando los precios en salarios mínimos o retrasando la firma de contratos para que, cuando se conociera el nuevo salario mínimo de 2026 —que aumentó 23 %—, el valor final de la vivienda subiera automáticamente, incluso si ya existían acuerdos previos con los compradores. Esa práctica afectaba la planeación financiera de los hogares y generaba sobrecostos que no estaban previstos al momento de separar o negociar una vivienda.

El proyecto de decreto busca poner reglas claras. A partir de su entrada en vigor, los precios de la VIS y la VIP deberán expresarse desde el inicio en pesos colombianos y de manera explícita. Esto significa que las familias podrán conocer el valor real de la vivienda que están adquiriendo y evitar que ese precio cambie solo porque sube el salario mínimo.

La norma también aclara que cualquier ajuste en los precios solo puede basarse en costos reales de construcción, como materiales o mano de obra, y siempre respetando las condiciones pactadas. De esta manera, el incremento del salario mínimo no podrá usarse como un mecanismo automático para encarecer una vivienda ya comprometida.

Adicionalmente, el decreto mantiene el tope máximo de la VIS en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el objetivo de preservar el carácter social de este tipo de vivienda y evitar que se distorsione su función.

La Superintendencia de Industria y Comercio, citada en el comunicado, recordó que informar precios en salarios mínimos o usar mecanismos que induzcan a error vulnera los derechos de los consumidores y afecta la transparencia del mercado.

El proyecto de decreto estará en consulta pública hasta el 24 de enero de 2026. Durante este periodo, ciudadanos, empresas y gremios podrán presentar observaciones antes de su adopción definitiva.

Con estas medidas, el Gobierno busca que el aumento del salario mínimo, pensado para mejorar los ingresos de los trabajadores, no termine convirtiéndose en un factor que encarezca injustificadamente el acceso a la vivienda para las familias que buscan una VIS o una VIP.