¿Ha crecido más la deuda pública? Las cifras responden
Cuando se habla de deuda pública, la atención suele centrarse en cuánto debe un país. Sin embargo, una gestión responsable de las finanzas públicas va mucho más allá de esa cifra. También implica definir cómo se financia la deuda, en qué condiciones se adquiere y qué estrategias se implementan para mantener su sostenibilidad en el tiempo.
Todos los países recurren al endeudamiento para financiar inversiones, atender necesidades de la población y responder a situaciones económicas extraordinarias. Lo importante no es únicamente el monto de la deuda, sino la capacidad del Estado para administrarla de manera eficiente, reducir riesgos y preservar la confianza en la economía.
Uno de los principales indicadores para evaluar esa sostenibilidad es la deuda neta del Gobierno Nacional Central como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda, este indicador pasó de 60,7 % en 2020 —en medio de la pandemia— a una proyección de 57,9 % para 2026. Además, se mantiene por debajo del límite del 71 % establecido por la Regla Fiscal, lo que refleja una trayectoria orientada a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La evolución de la deuda también puede analizarse desde otra perspectiva: ¿cómo ha crecido frente a administraciones anteriores? Las cifras muestran que la dinámica de crecimiento nominal de la deuda bruta durante la administración del presidente Gustavo Petro no difiere significativamente de la observada en ciclos gubernamentales previos. Incluso, el incremento porcentual acumulado ha sido inferior al registrado durante el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, cuando el país enfrentó el choque por la caída de los precios del petróleo, y durante la administración del presidente Iván Duque, marcada por los efectos económicos de la pandemia por COVID-19.
Esta comparación permite entender que la evolución de la deuda responde, en buena medida, a los retos económicos que enfrenta cada periodo de gobierno y a las decisiones de política adoptadas para responder a ellos. En ese contexto, la estrategia actual busca estabilizar el crecimiento de la deuda, administrar sus costos y reducir los riesgos asociados al financiamiento del Estado.
Más allá de las cifras, una adecuada administración de la deuda fortalece la confianza de inversionistas y organismos internacionales, mejora las condiciones de acceso al financiamiento y contribuye a que el Estado continúe impulsando programas, proyectos e inversiones para el desarrollo económico y social del país.
Porque administrar la deuda pública no consiste únicamente en atender obligaciones financieras; también significa construir una estrategia que permita preservar la estabilidad macroeconómica y garantizar unas finanzas públicas sostenibles para las generaciones presentes y futuras.
